El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que ha generado revuelo en la política local e internacional. Informó a Mike Johnson, el titular de la Cámara de Representantes, que no se ejecutará la ayuda exterior de u$s4.900 millones aprobada por el Congreso. Esto significa que recortará el presupuesto sin necesidad de pasar por el poder legislativo. Esta maniobra, conocida como “rescisión de bolsillo”, permite al presidente solicitar al Congreso que no se gaste el dinero aprobado al final del año fiscal. Si el Congreso no actúa dentro de un plazo de 45 días, esos fondos quedarían sin asignar. Es impresionante pensar que no se usaba este mecanismo desde 1977.
Según la carta de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, esos fondos provendrían del Departamento de Estado y de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), la cual ha sido un blanco de los esfuerzos de Trump por recortar la ayuda exterior. Si esta estrategia se convierte en rutina, la Casa Blanca podría evadir al Congreso en decisiones importantes y complicar la planificación del presupuesto del próximo año.
Expertos y legisladores han criticado esta acción, describiéndola como un intento de aumentar el control gubernamental y disminuir la influencia del Congreso y agencias federales. Esto se suma a otras decisiones controvertidas de Trump, como despidos masivos de funcionarios y ajustes fiscales sin aprobación legislativa, que a menudo terminan en manos del poder judicial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó en la red X que la USAID está “casi cerrada”, resaltando el trabajo del director de presupuesto, Russ Vought. La Ley de Control de Embargos de 1974 permite que el presidente proponga cancelar fondos aprobados, aunque el Congreso tiene 45 días para decidir sobre su destino. Con este esquema cercano al final del año fiscal, la Casa Blanca argumenta que el dinero no se gastará y terminará por caducar. La última vez que vimos una rescisión de este tipo fue bajo la administración de Jimmy Carter.
Las críticas no tardaron en llegar. La senadora republicana Susan Collins destacó que la Constitución otorga al Congreso el poder de gastar, y consideró que esta maniobra podría ser ilegal. Por su parte, Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, explicó que esta decisión podría impedir financiamientos normales y llevar a un cierre “doloroso y completamente innecesario” del gobierno, invalidando acuerdos presupuestarios existentes si la Casa Blanca decide retener fondos unilateralmente.
Académicos como Eloise Pasachoff, de la Universidad de Georgetown, señalaron que la Ley de Control de Embargos requiere que el Congreso actúe dentro de los 45 días, lo que impide que la Casa Blanca decida por sí sola no gastar esos fondos. Esta rescisión incluye importantes partidas: u$s3.200 millones para desarrollo, u$s520 millones para la ONU, u$s838 millones para mantenimiento de la paz y u$s322 millones para promover valores democráticos afuera.
Impacto en la política exterior y la ayuda internacional
Trump ya había conseguido aprobación para recortes de u$s9.000 millones en julio, afectando a la radiodifusión pública y la ayuda exterior. Esta reducción de fondos internacionales ha sido un sello en su política exterior, pese a que los ahorros son limitados frente al enorme déficit y pueden dañar la reputación de Estados Unidos en la comunidad internacional.
La USAID ha sido desmantelada, dejando que los programas restantes sean controlados por el Departamento de Estado. De hecho, la Casa Blanca ha recurrido a la Corte Suprema para frenar decisiones judiciales que protegían ciertos programas de salud global, particularmente en la lucha contra el VIH y el sida.
